232016Abr

Comprobación de adquisición de bienes usados: Problema sistémico

Análisis sistémico 13/2015 de la PRODECON. En fecha 3 de septiembre de 2015 la PRODECON  emite su Análisis Sistémico 13/2015 el cual versa sobre la imposibilidad de los contribuyentes de deducir gastos indispensables al no obtener comprobante fiscal por internet (CFDI) de sus proveedores por tratarse de personas físicas no obligadas a expedir comprobantes fiscales.

En este análisis la Procuraduría señala medularmente que se violenta el Principio de Proporcionalidad Tributaria así como el Principio General de Derecho referente a que nadie está obligado a lo imposible.

El caso en cuestión versa sobre personas que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), dedicadas a la enajenación de libros usados quienes no pueden obtener de sus proveedores (CFDI) al tratarse de personas físicas no inscritas en el registro federal de contribuyentes (RFC) y por lo tanto no obligadas a expedirlos.

Señala la Procuraduría que el citado régimen, al no contemplar los requisitos que se deben cumplir para la procedencia de las deducciones, se encuentra sujeto a lo previsto en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) la cual señala que para su procedencia deben “estar amparadas con un comprobante fiscal”.

Sin embargo, debido a la naturaleza de la actividad, y a que los referidos contribuyentes cuentan con características especiales por encontrarse imposibilitados para obtener CFDI de los enajenantes ya que estos no realizan la enajenación de forma ordinaria, requerir al contribuyente, para la procedencia de las deducciones, los comprobantes fiscales implicaría una carga innecesaria, por lo que en ese orden de ideas  al no poder deducir un gasto estrictamente indispensable para la generación de su ingreso, se ve afectada la determinación de su utilidad fiscal, generándoles el pago de un impuesto desproporcional, advirtiéndose en consecuencia la vulneración al Principio Constitucional de Proporcionalidad Tributaria, ya que por sus condiciones reales de operación, no pueden llevar a cabo las deducciones autorizadas.

En este sentido, la Procuraduría concluye que la autoridad debe generar confianza y seguridad en los pagadores de impuestos, facilitando el cumplimiento de obligaciones sin generar cargas extras,  además se debe ser sensible en cuanto a la realidad de cada grupo, pues de lo contrario se estaría dando un trato diferenciado respecto de quienes sí pueden obtener CFDI, en consecuencia se estaría afectando la esfera jurídica de los contribuyentes que al no tener los comprobantes correspondientes a la adquisición de libros usados, no podrían hacer deducible ese gasto, y como resultado tendrían que pagar el ISR sobre una base irreal de su ingreso.