222016Jun

Ilegal embargo de bienes en posesión de persona diversa al deudor

Recomendación 5/2016 de la PRODECON. En fecha 4 de abril de 2016 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) da a conocer en su página de Internet la Recomendación 5/2016 relativa al embargo de bienes en domicilio diferente del deudor de crédito fiscal

En el caso de estudio el contribuyente interpone queja en contra de actos derivados del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), con el cual la autoridad hizo efectivo el cobro de un crédito fiscal determinado a cargo de un tercero.

Por su parte, el contribuyente argumentó que a pesar de haber exhibido contrato de arrendamiento en su calidad de arrendatario y que en ese domicilio no vive el deudor del crédito, la autoridad procedió a ejecutar embargo y posteriormente extrajo todos los bienes ubicados en él.

Por su parte la autoridad manifestó que el contribuyente no acreditó la propiedad de los bienes muebles embargados, sino solamente la posesión del inmueble.

Ahora bien, el contribuyente promovió recurso de revocación en contra de los actos del procedimiento por lo que la autoridad emitió oficio en el que los confirmó, razón por la que mediante acuerdo de acciones de investigación se le requirió para que explicara por qué no valoró el contrato de arrendamiento ni la escritura pública con la cual el contribuyente acreditaba que los actos de cobro se llevaron a cabo en un domicilio que no corresponde al del deudor del crédito fiscal.

Por su parte la autoridad se limitó a señalar que el contribuyente con los citados documentos sólo acreditó la posesión del inmueble, no así la propiedad de los bienes muebles embargados. Además, posteriormente sustentó la resolución mediante la cual confirmó los actos del PAE en el hecho de que las facturas exhibidas no acreditaban la propiedad de los bienes embargados, toda vez que algunas no están a su nombre y en otras los bienes muebles no están plenamente identificados, máxime que el domicilio donde se llevó a cabo la diligencia fue el que el deudor del crédito declaró como su domicilio fiscal.

Estos argumentos, a juicio de la PRODECON, transgreden los principios de Propiedad, Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido Proceso, en razón de que el contribuyente acreditó con el contrato de arrendamiento en calidad de arrendatario que en la fecha en la que se llevó a cabo la diligencia él tenía la posesión del inmueble y que no era el domicilio fiscal del deudor; es decir, en su caso, al deudor se le debió tener como no localizado, y la autoridad debió abstenerse de practicar la diligencia en el domicilio de un tercero, por lo que no debió practicar embargo y sustraer bienes.

Lo anterior es así toda vez que la posesión del inmueble presume la propiedad de los bienes muebles que se hallen en él. Robustece lo anterior la tesis con número de registro 345769 de rubro “POSESION DE MUEBLES” la cual medularmente señala que “la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles, que en él se hallen”, ahora bien la ley presume que el poseedor de un mueble es su propietario, criterio sustentado en la tesis con número de registro 363961 de rubro “POSESION Y PROPIEDAD” que a la letra señala “El que acredita la posesión de los bienes muebles, de un modo indirecto justifica también la propiedad…. el poseedor tiene la presunción legal de ser propietario, para todos los efectos legales”, por lo que la Procuraduría aduce que el contribuyente acreditó la propiedad de los bienes embargados con la posesión del inmueble, tal como lo sustenta la tesis con número de registro 211729 “POSESION DE BIENES MUEBLES, HACE PRESUMIR LA PROPIEDAD SALVO PRUEBA EN CONTRARIO”, tesis que sostiene lo siguiente “la posesión de bienes muebles hace presumir la propiedad…”.

Por las razones anteriores correspondía a la autoridad desvirtuar la propiedad de los bienes embargados, lo cual en el caso no ocurrió, por lo que la propiedad de los mismos subsiste, resultando ilegal la diligencia de embargo. Así también resulta ilegal la confirmación de los actos, siendo que debieron revocar y ordenar la devolución de los bienes ilegalmente embargados.

Por lo anterior, la Procuraduría en su recomendación sugiere a la autoridad revocar los actos del procedimiento y devolver los bienes embargados.