152016Ene

Reconocimiento de beneficiarios de un trabajador fallecido

La declaratoria dictada en el incidente respectivo no es impugnable en amparo directo.

La declaratoria de beneficiarios de un trabajador fallecido emitida por una Junta de Conciliación y Arbitraje, en términos de la Ley Federal del Trabajo, no constituye una sentencia definitiva, laudo ni resolución que haya puesto fin al juicio, por lo que no es impugnable en amparo directo, toda vez que deriva de un procedimiento tramitado ante la referida autoridad en el que, aunque surja controversia, no se erige en juicio.

En efecto, del citado precepto se colige que una vez que la autoridad laboral reciba noticia de la muerte de un trabajador, mandará practicar, dentro de las 24 horas siguientes, una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente de él y ordenará fijar un aviso en lugar visible de la fuente de trabajo donde prestaba sus servicios, convocando a posibles beneficiarios para que acudan ante la Junta dentro del término de 30 días a ejercer sus derechos.

Que con independencia del aviso para convocar beneficiarios, el órgano del trabajo podrá emplear los medios publicitarios que estime convenientes para ese fin; que concluida la investigación y comprobada la naturaleza del riesgo de trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará la resolución que corresponda determinando qué personas tienen derecho a la indemnización.

Por tanto, el procedimiento para designar beneficiarios de un trabajador fallecido tiene una naturaleza incidental, al no reunir las características de un juicio, ya que no hay etapa de demanda, contestación, ni son forzosos los periodos de prueba y de alegatos.

Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en diciembre de 2015.

IUS: 2,010,657
Tesis: XVI.1o.T.21 L (10a.)
Página: 0
Época: Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 04 de diciembre de 2015 10:30 h
Materia: Común
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Tesis Aislada

RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. LA DECLARATORIA DICTADA EN EL INCIDENTE RESPECTIVO NO ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, AL NO CONSTITUIR UNA SENTENCIA DEFINITIVA, LAUDO, NI RESOLUCIÓN QUE HAYA PUESTO FIN AL JUICIO. La declaratoria de beneficiarios de un trabajador fallecido emitida por una Junta de Conciliación y Arbitraje, en términos del artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye una sentencia definitiva, laudo ni resolución que haya puesto fin al juicio, por lo que no es impugnable en amparo directo, toda vez que deriva de un procedimiento tramitado ante la referida autoridad en el que, aunque surja controversia, no se erige en juicio. En efecto, del citado precepto se colige que una vez que la autoridad laboral reciba noticia de la muerte de un trabajador, mandará practicar, dentro de las 24 horas siguientes, una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente de él y ordenará fijar un aviso en lugar visible de la fuente de trabajo donde prestaba sus servicios, convocando a posibles beneficiarios para que acudan ante la Junta dentro del término de 30 días a ejercer sus derechos; que con independencia del aviso para convocar beneficiarios, el órgano del trabajo podrá emplear los medios publicitarios que estime convenientes para ese fin; que concluida la investigación y comprobada la naturaleza del riesgo de trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará la resolución que corresponda determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; por tanto, el procedimiento para designar beneficiarios de un trabajador fallecido tiene una naturaleza incidental, al no reunir las características de un juicio, ya que no hay etapa de demanda, contestación, ni son forzosos los periodos de prueba y de alegatos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 430/2015. Lizethe López González y otro. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretario: Joaquín Fernando Hernández Martínez.