212016Ago

SCJN declara la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Penal del Edomex

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de seis artículos del Código Penal del Estado de México, todos relativos al delito de secuestro. Los ministros sustentaron esta decisión con el argumento que el Congreso local no tiene facultades para legislar en dicha materia, pues esa clase asuntos son de carácter federal.

Esto al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2016, promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual fue turnada a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se encargo de realizar el proyecto para este caso.

De manera concreta la Corte explicó que los artículos 69, 58, 9, 259, 260 y 261 vulneran el artículo 73 constitucional, fracción XXI, en el que se establecen las facultades del Congreso de la Unión, entre las que se encuentran expedir “las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas”, entre otras.

Es importante mencionar que los ministros de la Suprema Corte establecerán el próximo jueves los efectos de invalidez de dicha resolución, es decir, si se deben reformar dichos artículos o en general el Código Penal, esto pues el debate se centró en si existe o no un criterio mayoritario.

“Aquí hay un cambio sustantivo y material —yo no diría sustancial— pero sí sustantivo y material porque al haberse hecho una aparentemente leve aclaración, finalmente reitera la prohibición que da vida de nuevo a la norma, la reitera y en ese momento es contrario a lo que dice la ley general en la materia”, explicó el ministro Javier Laynez Potisek.

Qué dicen los artículos

El 259 señala las penas a las que se hará acreedor aquella persona que incurra en el delito de secuestro, las cuales irían desde 30 hasta 60 años de prisión, así como de 700 a 5 mil días de multa.

Por su parte el 260 indica las penas para quien simule encontrarse secuestrado con el fin de obtener algún rescate, las cuales irán desde los cuatro hasta los diez años de prisión.

Mientras que el 261 determina las penas que se le han de imponer a aquellas personas que participen de manera indirecta en el secuestro, es decir, como intermediarios.

Finalmente, de los artículos 69, 58 y 9 sólo se invalidaron los párrafos referentes al secuestro.