212016Ago

SCJN plantea anular totalmente la Ley de Movilidad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este lunes el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, con el planteamiento de tres ministros que consideraron necesaria la invalidez total de la legislación y no sólo de un par artículos, debido a que las personas con discapacidad no fueron consultadas y, por tanto, sus derechos han sido transgredidos.

Esto a pesar de que el proyecto de sentencia original, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone al pleno de la Máximo Tribunal validar la ley en cuanto al aviso previo para efectuar manifestaciones, pero anular únicamente las disposiciones relacionadas con las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad forman parte de esa diversidad humana que se encuentra en mejor posición para determinar sus propias necesidades y las políticas más adecuadas para atenderlas. Por ende, una sociedad inclusiva es aquella que valora y celebra su diversidad y toma en cuenta las experiencias y opiniones de sus diferentes grupos”, explicó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Durante la sesión del pleno de este lunes el ministro Arturo Zaldívar advirtió que en 21 artículos de la ley se menciona de forma explícita a las personas con discapacidad, sin embargo nunca se consultó a este sector vulnerable, por lo que esta falla bastaría para invalidar toda la Ley de Movilidad.

“Es una cuestión general de política pública, de qué se va a hacer con la movilidad en la Ciudad de México y me parece que de conformidad con la convención es esencial, es indispensable que se escuche a las personas con discapacidad. De tal manera que a mí me parece que derivado de esto tenemos dos supuestos: que la consulta era necesaria toda la ley y segundo que la invalidez desde un punto de vista material afecta a toda la ley”, señaló el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

En apoyo a la postura del ministro Zaldívar, los ministros José Ramón Cossío y Fernando Franco González Salas, coincidieron con su compañero al detectar el vicio del procedimiento legislativo en su totalidad por la falta de consulta a este sector de la sociedad.

“Me lleva mi posición a votar por la invalidez completa de la legislación mismo en virtud de que no se hizo una consulta a las personas discapacitadas y a las organizaciones, en los términos que prevé este artículo 4.3 de la Convención Interamericana. Cuando la  Asamblea Legislativa no satisface esto, afecta de invalidez a la totalidad del ordenamiento”, expresó el ministro Cossío Díaz.

En contraparte, el ministro Alberto Pérez Dayán expuso que en función de que la Ley de Movilidad no fue hecha específicamente para atender necesidades de grupos vulnerables como los discapacitados, “la exigencia de la consulta, a mi manera de entender muy personal, tendría que ser de carácter bastante más simple que la que implicara una legislación especializada en el caso”.

Será hoy cuando los 11 integrantes del máximo tribunal del país continúen con el debate e inicien el estudio de fondo de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal contra la Ley de Movilidad de la capital del país.

Dentro del proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena se revisa el argumento de que el artículo 212 de la Ley de Movilidad  del Distrito Federal ataca directamente a los derechos de no discriminación, libertad de asociación y de expresión.

También, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían vulnerados los principios pro persona, de legalidad y de no restricción de garantías salvo por condiciones constitucionales, consagrados en la Constitución.

La imposición de este aviso se erige como una forma de distinción entre los grupos a manifestarse creada por la autoridad, sobre lo cual pudiera crear un efecto social de aceptación o rechazo hacia los manifestantes”, sostiene.